El pasado 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió por 6 votos a favor y 3 en contra levantar una orden judicial que había limitado la capacidad de agentes federales, especialmente de ICE, para detener automovilistas —y peatones— basándose en características como raza, idioma, empleo o ubicación geográfica.
Contexto: la suspensión previa y su protección mínima
La orden inicial había sido emitida por una jueza federal, quien concluyó que existía “una montaña de evidencia”sobre detenciones arbitrarias en el área de Los Ángeles —incluyendo ciudadanos estadounidenses— que habían sido capturados en estaciones de servicio, lavaderos de autos o incluso en paraderos.
Dicha orden impedía explícitamente que los agentes usaran como única base para detener a alguien el hecho de que hablara español, trabajara en ciertos oficios, se encontrara en determinadas áreas o tuviera apariencia latina. Representaba una mínima defensa frente a prácticas de perfil racial y detenciones sin sospecha razonable.
La resolución del Tribunal Supremo
La decisión del Tribunal, tomada por la mayoría conservadora, consideró que dicha restricción era excesiva y obstaculizaba la aplicación de las leyes de inmigración. En la opinión concurrente, se advirtió que si bien la “etnicidad aparente” no puede constituir razonablemente, por sí sola, sospecha justificada, sí puede ser un factor relevantedentro de un contexto más amplio de hechos.
En contraposición, la disidencia advirtió que esta decisión permitiría acciones humillantes y discriminatorias, especialmente para quienes viven en zonas con alta población hispana:
“Hoy, el Tribunal expone nuevamente a incontables personas a estas mismas indignidades”.
El derecho de los automovilistas frente a detenciones sin evidencia real
1. Cuarta Enmienda y conducta estatal
La Constitución protege contra registros y detenciones irrazonables. En el contexto de automóviles, la jurisprudencia ha establecido que no se puede detener a alguien basándose únicamente en su apariencia étnica; se requiere una sospecha articulable. Por otro lado, en el caso de puntos de control fijos se ha permitido cierta flexibilidad, pero ello no valida patrullas móviles retomando criterios étnicos.
2. En la práctica: ¿qué pueden enfrentar los automovilistas hispanos?
Con la nueva decisión, los agentes federales pueden reanudar patrullajes móviles en calles, estacionamientos de tiendas o zonas laborales. Aunque el Tribunal pide un análisis integral de las circunstancias, tales actuaciones abren la puerta a que la raza, el idioma, las zonas de trabajo frecuentes o el estatus inmigratorio percibido se conviertan en factores de sospecha.
Esto aumenta el riesgo de que personas ciudadanas o inmigrantes sin antecedentes sean detenidas arbitrariamente por su apariencia o contexto socioeconómico.
3. Impacto en comunidades hispanas
Las consecuencias para las comunidades de mayoría latina, especialmente en el Sur de California, pueden ser profundas:
- Temor y desconfianza hacia agentes del Estado: conductas arbitrarias erosionan la confianza en la policía y autoridades.
- Discriminación sistemática: la capacidad de un agente de detener sin motivo claro parece encajar en patrones de perfil racial.
- Generación de estrés traumático: detener a personas solo por hablar español o trabajar en oficios manuales es una forma de violencia institucional.
- Detención de ciudadanos por error: varios casos han mostrado cómo personas con documentos en regla terminan detenidas hasta comprobar su identidad.
- Efecto disuasivo: menos participación comunitaria en actividades públicas, recelo de ir a mercados, parques, centros de empleo o recogida de menores.
¿Qué puede hacer la comunidad?
- Conocer y difundir los derechos: saber que un oficial debe tener una sospecha específica —no basada solo en apariencia— para detener.
- Documentar incidentes: fecha, hora, lugar, descripción del oficial y circunstancias; usar video en lo posible.
- Contactar organizaciones legales: grupos comunitarios y defensores de los derechos civiles pueden brindar asesoría y representación.
- Educación comunitaria: talleres, folletos y eventos informativos sobre la Cuarta Enmienda y derechos civiles.
- Movilización política: denunciar ante legisladores y exigir leyes que limiten la discreción arbitraria basada en presencia, trabajo o idioma.
Conclusión
La decisión del Tribunal Supremo del 8 de septiembre de 2025 que levantó restricciones sobre ICE en Los Ángeles representa una grave amenaza a derechos constitucionales —en especial en lo referente a la protección de automovilistas de detenciones arbitrarias— y afecta de manera desproporcionada a comunidades hispanas, que ahora enfrentan riesgos reales de detención por estereotipos e inseguridad racial. Este blog aboga por fortalecer el conocimiento legal, promover solidaridad comunitaria y exigir justicia frente a acciones que vulneren libertades fundamentales.
